Acaba de entrar en vigor la nueva Ley del Aborto y, como no podía ser de otra manera, también ha dado comienzo el circo de la vergüenza y la desfachatez. Dos comunidades autónomas han mostrado no sólo su desacuerdo con la nueva legislación sino también su negativa a aplicarla. La Consejería de Sanidad de Murcia (PP) ha advertido quederivarán a las pacientes que quieran abortar a otras comunidades, mientras que Navarra, dirigida por UPN, se niega a practicar el aborto en su territorio.
El problema es que la ley está registrada en el BOE, que es algo parecido a la Biblia de los católicos salvo porque éste tiene un valor legal. Y vincula a todas las comunidades. Con esta negativa a aplicar una ley aprobada en el Congreso de los Diputados están vapuleando la primera regla de la democracia que desde 1978 está establecida y fidelizada en España.
La derecha (PP y UPN) se olvida de la voluntad de miles de personas de interrumpir su embarazo. No reconocen el derecho que a través de la ley les han otorgado. Anclados en la defensa de sus valores caducos y ultrareligiosos atacan la unidad de España que tanto dicen defender. No es algo nuevo, sólo hace falta ver los recursos del PP contra la ley del matrimonio homosexual ante el Tribunal Constitucional. Pero de ahí a desobedecer una ley aprobada y refrendada por el Rey hay un paso muy largo.
Esto es algo que por desgracia se viene repitiendo con todas las leyes que intentan realizar algún progreso. Hace unos años las comunidades del PP se negaban a impartir la asignatura de Educación para la Ciudadanía, en la cual veían un intento de “adoctrinar” a los niños. ¿Tan peligroso era mostrarles la diversidad de familias que hay en una sociedad civilizada? Para mí es mucho peor que a unos niños les cuenten las mentiras de la Iglesia a través de la asignatura de Religión.
¿Y la Ley de Dependencia? El Gobierno ha tenido que presionar mucho a ciertos/as lideres regionales del Partido Popular para que acaten esta ley. La más rebelde fue Esperanza Aguirre, que además cuando se anunció la subida del IVA incitó al boicot.
¿Es esta la postura de un político que vive en democracia? Si todas las comunidades o ayuntamientos decidieran no cumplir con las leyes según les convenga estaríamos ante el mayor golpe de estado desde el alzamiento de Franco.
Creo recordar que nunca una comunidad del PSOE, o de otros partidos, se negó a acatar una ley que aprobó el PP en sus nefastos ocho años de gobierno. Si no están de acuerdo para eso está el recurso de inconstitucionalidad del TC. Pero no se puede negar un derecho a los ciudadanos por discrepancias ideológicas. Quien considere algo negativo abortar tiene todo el derecho a no hacerlo, pero no lo tiene para impedir que lo hagan los que sí lo desean.
¿Qué será lo siguiente?
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